lunes, 11 de mayo de 2009

empresarios aprovechan influenza para aprobar leyes

Organizaciones de consumidores, derechos humanos, ambientalistas y personas con discapacidad exigen al Senado detener iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial contra derechos ciudadanos

El Consejo Coordinador Empresarial, aprovechando la emergencia sanitaria que enfrentamos, a través de sus aliados en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa que fue aprobada en el pleno, por votación unánime, el 23 de abril pasado, y que otorga el monopolio de las acciones colectivas a PROFECO, la PROFEPA y CONDUSEF, desconociendo este derecho a los ciudadanos y a las organizaciones civiles, e incluso, estableciendo que las acciones colectivas son materia de los jueces federales e impidiendo así que cualquier estado, municipio, o el propio Distrito Federal puedan legislar en la materia. La iniciativa se encuentra ahora en el Senado, y puede ser aprobada en cualquier momento.

Durante más de dos años se llevó un proceso de discusión abierto con la participación de representantes de partidos políticos, expertos internacionales, académicos, organizaciones civiles, magistrados y empresas sobre la necesidad de establecer el derecho constitucional de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil a las acciones colectivas. Incluso se contó con el apoyo explícito del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El derecho a las acciones colectivas existe en la mayor parte de las naciones latinoamericanas, Canadá, Estados Unidos y Europa y está reconocido como una herramienta fundamental para el acceso a la justicia, ya que permite a los ciudadanos agruparse para demandar a una empresa o entidad pública por daños que les han causado como consumidores de productos y/o servicios, en la violación de sus derechos humanos, en la contaminación y/o destrucción del medio ambiente, así como en el respeto a su condición de personas con capacidades especiales, entre otras muchas afectaciones que un grupo de personas pueden sufrir por un tercero.

La posibilidad y el derecho a demandar en representación de un grupo determinado o de una colectividad indivisible, para impedir un acto nocivo o engañoso, o combatirlo, o para exigir la indemnización por daños y perjuicios, permite a quienes de manera individual no cuentan con los recursos para contratar un abogado e iniciar un proceso judicial, que uno solo los represente en juicio -sin recabar firmas-, y que la sentencia se aplique a todos, presentes o ausentes en el juicio. Estos procedimientos garantizan, en muchos países, que de ganarse las demandas el grupo pueda ser compensado o restituido en sus derechos y las empresas quedan disuadidas a volver a abusar y cambian sus prácticas.

Desde el principio de este proceso, el Consejo Coordinador Empresarial rechazó tajantemente el derecho a los ciudadanos y las Asociaciones Civiles a promover precisamente este tipo demandas colectivas.

La iniciativa aprobada en “fast track” en la Cámara de Diputados, y que puede ser aprobada de igual manera en la Cámara de Senadores, atenta contra los intereses colectivos de los ciudadanos, reconocidos hace decenios en otras naciones, y tiene el objetivo, entre otros muchos, de impedir que una iniciativa local que se discute en la ALDF, y que sí reconoce a los ciudadanos y organismos de la sociedad civil en la búsqueda de este derecho en el Distrito Federal, tenga efecto.

Denunciamos la responsabilidad de todos los partidos políticos en esta maniobra del Consejo Coordinador Empresarial en contra del avance de los derechos ciudadanos en nuestro país, y que se utilice la emergencia que vivimos como una oportunidad para socavarlos.

Si los partidos políticos y sus legisladores representan, defienden y promueven los intereses privados de las grandes empresas, los ciudadanos no podemos permitirlo. Exigimos que se le ponga freno a la reforma constitucional al artículo 17 constitucional en el Senado, y apoyamos el proyecto por aprobarse en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, porque sus alcances promueven activamente el bien común y el interés público de millones de mexicanos.

http://www.elpoderdelconsumidor.org/empresarios_atentan_contra_derechos_ciudadanos.html

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